El Consejo de Gobierno ha aprobado las bases reguladoras de programas para la creación de empleo para personas en situación de riesgo de exclusión social, unos programas que ya detalló el pasado mes la consejera de Empleo, y que cuentan con 28 millones de euros. Hoy se han aprobado las bases reguladoras de dos de ellos por 18 millones de euros y, próximamente, se hará lo propio con un tercero, que contará con 10 millones de euros. Con esos tres programas, la intención es facilitar trabajo a 3.000 parados de larga duración para obtener empleo en empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos.
El primero de los dos programas para los que se han aprobado las bases reguladoras se llama Crisol.
Está dotado con 12 millones de euros, incluye por primera vez la vertiente de política de empleo. La Consejería de Educación y Empleo aportará 9 millones de euros (los otros 3 millones corren por cuenta de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales) para la contratación de 740 personas, mayores de 16 años y residentes en las siete ciudades extremeñas de más de 20.000 habitantes y vecinos de barrios con especiales dificultades de estas ciudades: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena.
En este caso, contempla contratos de seis meses de formación-aprendizaje y tres meses de prácticas no laborables en empresas.
El otro programa es el colaborativo rural, se pondrá en marcha en municipios de menos de 5.000 habitantes, se contratará a personas mayores de 16 años que trabajarán en proyectos elaborados por los ayuntamientos durante 6 meses, contratos de formación-aprendizaje durante los que recibirán el 75% del salario mínimo interprofesional. La consejería destina a este programa un presupuestos de 6 millones de euros para contratar a 790 personas.
Gil Rosiña ha indicado que más adelante se hará lo propio con un tercer programa, denominado Cénit, que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros que permitirán subvencionar contratos en empresas privadas para 1.400 personas paradas de larga duración, mayores de 30 años y que previamente hayan pasado un itinerario de orientación laboral. En este caso, las contrataciones serán de un año, a tiempo completo. Las ayudas a las empresas contratantes serán de 10.000 euros del salario bruto en caso de que los contratados sean titulados universitarios de FP superior; 8.000 euros para el caso de que los contratados sean titulados de grado medio y 7.000 euros para el resto.